Los controles que desarrolla la DGI sobre las personas físicas

SE ANALIZAN INCONSISTENCIAS ENTRE PAUTAS DE CONSUMO Y RENTAS DECLARADAS
Los controles que desarrolla la
DGI sobre las personas físicas

La actual política de la Dirección General Impositiva (DGI) de incorporar a su fiscalización el análisis de posibles “inconsistencias” entre las pautas de consumo e inversiones de los particulares y el monto de las rentas por estos obtenidas, es un hecho relativamente novedoso y controvertido para los uruguayos.
 

Por Cr. Félix Abadi*
– Socio de “Rueda Abadi Pereira”. Catedrático de Impuestos de la Universidad ORT Uruguay (fabadi@rap.com.uy) –

Pero empecemos por decir sin ambigüedades que ese control, más allá del obvio respeto del marco normativo de los derechos de los particulares, es absolutamente lógico y se aplica en todos los países en los cuales rige una imposición personal a la renta como los uruguayos pasamos -nuevamente- a tener desde la reforma tributaria del año 2007.
No es intención de este artículo analizar las condiciones que debe cumplir en este sentido la gestión fiscalizadora de la DGI sino, el funcionamiento de la misma.

1. ECUACIÓN DE LA
“RENTA-CONSUMO”

En base a esta mecánica de contralor, una vez elegido para una determinada persona física cierto período de fiscalización, lo que la DGI pretenderá es verificar la igualdad que a continuación se expone y que denominamos “ecuación renta-consumo” (entendiendo por “variación” la diferencia entre saldos al final e inicio del período, según cuadros adjuntos)

Resulta evidente que para que esta igualdad sea efectivamente válida, ambos términos deben plantearse sobre la base “global” e “internacional” de la persona física en cuestión, con prescindencia de la fuente territorial de cada concepto.

Por su parte, así planteada la ecuación, si se adoptan los mismos criterios de valuación y temporales de reconocimiento de la renta que en el Irpf, puede afirmarse que el “primer término” constituye pues, la suma de todas aquellas rentas que, en principio, están comprendidas en el Irpf, con prescindencia de la fuente territorial de las mismas y más aún, de posibles fictos y exoneraciones que la normativa consagre a su respecto.

Lo que se propone la DGI pues mediante este control “indirecto” es verificar la “integralidad” del “primer término” mediante su comparación con el valor del “segundo término”.

2. HERRAMIENTAS DE CONTROL DISPONIBLES PARA EL FISCO

La DGI cuenta con determinadas facultadas y recursos que le permiten anticiparse a conocer, y en su caso verificar, los distintos componentes de la referida ecuación que básicamente son:

Acceso a los registros de los consumos realizados por los particulares a través de tarjetas de crédito emitidas localmente (Res. DGI N° 541/99 del 4/11/91).

Identificación que deben hacer las empresas del nombre y número de cédula de identidad del comprador de “consumo final” de bienes y servicios que superen los $ 10.000 (Res. DGI Nº 873/05 del 24/10/05) que se eleva a $ 75.000 para los casinos y a U$S 10.000 para las casas de cambio y sistema financiero, que seguramente mejore en su posibilidad de acceso por parte de la DGI con la implementación y difusión del sistema de “factura electrónica”.

Flexibilización del levantamiento judicial del secreto bancario que exige que “… la administración tributaria haya acreditado la existencia de indicios objetivos que hagan presumir razonablemente la existencia de evasión por parte del sujeto pasivo…” e incentivos al levantamiento voluntario del mismo a cambio de la reducción del período de prescripción de los tributos adeudados.

Solicitud de información de proveedores o intermediaros en la adquisición de ciertos bienes (inmobiliarias y automotoras) y servicios (colegios y clubes deportivos (Res. DGI N° 1.486/011 del 16/9/2011, agencias de viaje, etc.) y otros terceros en general (como registros públicos), lo cual debe confrontarse con la guarda de secreto que puede recaer sobre los mismos.

Cruzamiento de datos con sus propios registros (por ejemplo, pertinentes al Impuesto a la Trasmisiones Patrimoniales, sobre inmuebles).

Activos (básicamente, efectivo, créditos, vehículos e inmuebles) locales incluidos por las personas físicas en su declaración personal del Impuesto al Patrimonio, aunque ello solo resulta obligatorio en caso que su patrimonio supere los aproximadamente U$S 110.000, que se duplica en caso de optar por declarar como núcleo familiar con su cónyuge, y excluye, salvo que se deduzca pasivos, la declaración de bienes en el exterior.

3. ¿CÓMO OPERAN EN LA PRÁCTICA ESTOS CONTROLES?

Veámoslo mejor con un ejemplo:

Supongamos que la DGI inspecciona a un particular que por el año 2010 no presentó declaración jurada del Irpf -ni alternativa del Irpf prevista para ciertas rentas- y que adquirió en el ejercicio un vehículo de U$S 60.000 y un inmueble por U$S 300.000.

Solo para mantenernos, en principio, dentro de ese mismo “segundo término” de la ecuación, dada la ausencia de rentas, ¿será que fue a través de “préstamos” que ese particular logró hacerse de fondos para realizar estas adquisiciones? ¿Habrá sido su buena suerte en el Casino? ¿Una herencia? ¿Un pariente del exterior que le envía remesas?

O, ya trasladándonos al “primer término” de la ecuación, ¿será, por ejemplo, que esta persona obtuvo rentas en el extranjero no gravadas por el Irpf? También podría ser que dicha persona hubiera percibido utilidades exoneradas del pago de Irpf por parte de sociedades locales (v. eg. utilidades pagadas por sociedades personales “no comerciales” con un ingreso anual inferior a determinado tope y/o producto de la prestación de servicios personales).

Es probable que en los hechos la posible explicación provenga de una combinación de varios de los aspectos mencionados anteriormente pero también es posible que efectivamente en ciertos casos estemos ante un verdadero “déficit” en la declaración de rentas gravadas por parte del particular en cuestión.

En rigor solo después de acreditar la imposibilidad de conocimiento directo de las rentas y de descartarse todo este tipo de hipótesis asociadas a los distintos términos de la referida ecuación es que la DGI podría llegar a establecer una presunción “simple” con admisión de prueba en contrario -y no más que eso acorde al art. 66 del Código Tributario- asumiendo que el particular está omitiendo declarar rentas gravadas en el Irpf, siguiendo un espinoso camino cargado de “obstáculos” de hecho y derecho (v. gr. anonimato de acciones, restricciones para levantar el secreto bancario y exclusión de la tributación de activos en el exterior y buena parte de las rentas allí obtenidas).

En el ínterin no faltarán quienes desafiando esta realidad y anticipándose a la existencia de una “inexplicable brecha” en su ecuación personal planifican sus acciones para reducir las posibilidades de que la DGI detecte la misma apelando a un abanico de medidas que van desde evitar la “bancarización” y uso de tarjetas de crédito hasta pensar en apelar al siempre anhelado pariente rico del exterior o a la buena fortuna en el Casino.

Queda mucho camino por recorrer pero la ruta promete ser tortuosa y conflictiva.

 

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